Actualmente el mundo se enfrenta a un nuevo paradigma de desarrollo en el que la economía verde y el debate climático son piezas clave. Por ello, las decisiones que se espera alcanzar en diciembre durante la COP21 de París van a establecer una nueva mirada a las economías y el desarrollo desde una perspectiva integral de mediano y largo plazo.
En ese marco, el Perú está iniciando su programa país para ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), incluyendo entre sus objetivos el cambio de la matriz energética hacia el desarrollo sostenible.
Asimismo, la Cumbre climática de Lima no sólo fue un momento clave para avanzar hacia un acuerdo climático que involucre a todos los países del mundo, sino también una cita que dejó resultados en el Perú para hacer frente al cambio climático.
La construcción de la Línea 2 del Metro de Lima contará con un paquete de préstamos por un valor de US$750 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo es lograr un transporte más sostenible y menos contaminante, reto que viene asumiendo el gobierno desde hace varios años.
Además, el componente de transporte urbano que forma parte de las Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas (NAMA), recibirá una donación de US$11.14 millones del centro de NAMA Facility.
Con el objetivo de aunar esfuerzos en pro del desarrollo sostenible, la preservación ambiental y el uso sostenible de recursos, se implementó “Protocolo Verde”, una iniciativa que impulsa la transición a una economía verde regulando los servicios financieros en el país para la promoción de inversiones y proyectos sostenibles con el ambiente.
La propuesta apoya proyectos para la reducción de emisiones y fue presentada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) mediante el Programa Nacional de Conservación de Bosques y los representantes de los principales bancos del Perú, agrupados en la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF) y Agrobanco.
La Agenda Nacional de Acción Ambiental, “Agendambiente 2015/2016”, busca difundir los alcances y compromisos asumidos por las diversas instituciones en relación al cambio climático, diversidad biológica, gobernanza ambiental, y calidad ambiental.
La agenda, presentada por el MINAM tras pasar consulta pública, representa la renovación del compromiso del Perú por el desarrollo sostenible nacional, incluyendo a la naturaleza, la población y la lucha frente al cambio climático, con medidas para la adaptación y mitigación del mismo.
La COP20 dejó notables avances en energía limpia. Se estableció el Plan Nacional de Energía al 2025, donde se determina la meta de llegar al 15% en eficiencia energética y 60% de renovables. Para su logro, se presentó un programa de medio millón de paneles solares para poblaciones aisladas y se amplió el Programa de cocinas mejoradas y familias sin humo, entre otros.
Por otro lado, se creó el Fondo para el Desarrollo Geotérmico para América Latina, que busca catalizar el desarrollo de la geotermia. La iniciativa ayudará a reducir emisiones y proporcionar electricidad limpia a 2 millones de personas. Como resultado, US$75 millones serán proporcionados para instrumentos de mitigación de riesgo y US$1.000 millones en financiamiento a proyectos geotérmicos.
Impulsado por el Ministerio de la Producción, los “Diez compromisos por la pesca responsable y sostenible” tiene el propósito de que los actores involucrados en la actividad pesquera y la ciudadanía en general apoyen en la vigilancia y control para una pesca responsable. El objetivo es evitar el consumo de especies protegidas (delfín, tortuga y lobos marinos) y respetar las vedas temporales.
El Memorándum de Cooperación para la Conservación de Bosques en el Perú busca el monitoreo de los bosques mediante el uso de alta tecnología satelital, capaz de brindar información precisa sobre la deforestación.
El acuerdo, suscrito por el Ministerio del Ambiente y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), tiene como objetivo contribuir a una mejora en políticas y medidas sobre gestión de bosques y REDD+; el fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de los bosques; la promoción de actividades piloto para el manejo sostenible de recursos forestales; y el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales y sus comunidades.
En un acuerdo fundamental para avanzar en el debate y en las metas de cambio climático, Perú, Alemania y Noruega acordaron durante la Cumbre del Clima de Nueva York un acuerdo para apoyar en la tarea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de la deforestación y la degradación de los bosques en las regiones amazónicas.
De esta manera, Noruega aportará hasta 300 millones de dólares (hasta el año 2020) para recuperar los bosques degradados en la Amazonía peruana. Por su parte, Alemania continuará su aporte en temas de cambio climático, considerando contribuciones adicionales en base a los resultados obtenidos.
Supone la primera gran operación de inversión privada de bonos de carbono en un proyecto de forestación REDD+ de importancia en la Amazonía. El Fondo Althelia otorgó un crédito de ocho millones de bonos para la conservación de los bosques del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCA), situado entre los Andes y la Amazonía, el tercero más grande del Perú.
El fondo será usado para financiar operaciones de conservación del parque por parte del Centro para la Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA), la ONG que tiene el contrato de manejo por 20 años. Además, se promocionarán actividades de agricultura sostenible, tales como la producción de café y cacao, entre las cooperativas de agricultores en las zonas de amortiguamiento del parque.
Con el objetivo de frenar la tala ilegal de árboles y lograr que el 100% de la producción de madera proceda únicamente de fuentes legales al 2021, el Pacto Nacional por la Madera obliga a los sectores estatales a establecer protocolos y estrategias para certificar este bien, tanto desde el lado de la oferta como de la demanda.
El acuerdo, suscrito inicialmente por representantes de los ministerios de Agricultura y Riego; Vivienda, Construcción y Saneamiento, de la Producción; de Transportes y Comunicaciones; y de Desarrollo e Inclusión Social, cuenta ahora con el apoyo de otros organismos, instituciones y representantes de la sociedad civil -la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), los ministerios de Relaciones Exteriores, del Ambiente, de Comercio Exterior y Turismo, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Citemadera, WWF, Alto Comisionado contra la Tala Ilegal, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Conservación Internacional, entre otros-.
El Convenio de Cooperación Ambiental entre Perú y Chile busca el fortalecimiento de capacidades y diálogo bilateral para facilitar el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos con el medio ambiente.
Entre las diferentes materias que engloba el convenio, destacan los recursos hídricos, la protección de especies de interés común, las energías renovables y una economía sostenible.
Durante la COP20, los Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú presentaron la Declaración de la Alianza del Pacífico en materia de Cambio Climático, donde manifestaron que este fenómeno constituye uno de los mayores desafíos globales y que, por lo tanto, requiere acciones urgentes, concretas y ambiciosas de todo el mundo.
Además, señalaron su voluntad de explorar y adoptar políticas, medidas y acciones de mitigación y adaptación a nivel nacional que, al mismo tiempo, contribuyan al esfuerzo global contra el cambio climático, favoreciendo el desarrollo sostenible con crecimiento económico, inclusión social y reducción de la pobreza.
Durante la COP20 se promulgó la ley que da vida al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Su objetivo es generar información científica que respalde las actividades orientadas a mejorar la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos presentes en estos dos ámbitos, con una perspectiva transversal de adaptación al cambio climático.
El programa promueve la inversión responsable en el sector financiero como una prioridad para lograr el desarrollo sostenible de la economía. De esta manera, a través de actores privados y públicos incorpora valor agregado en conceptos de evaluación de empresas.
La iniciativa se lleva a cabo bajo la organización en conjunto del Grupo Sura, COFIDE y la Bolsa de Valores de Lima, con el respaldo del Ministerio del Ambiente, Carbon Disclosure Project (CDP), Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UN PRI), Sustainable Stock Exchanges (UN SSE) y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID).
En el marco de la COP20 se aprobaron los lineamientos para SEIA, herramienta que además de representar una gran oportunidad para contribuir a los esfuerzos por la conservación y protección ambiental, constituye un paso importante en gestión ambiental.
El Ministerio del Ambiente del Perú y el de Brasil firmaron un memorando con el objetivo de impulsar la cooperación bilateral en el ámbito del desarrollo sostenible y la conservación ambiental.
De esta manera, las partes se comprometen a cooperar en temas como la gestión de áreas naturales protegidas vecinas o colindantes, el manejo sostenible de los recursos naturales, los recursos forestales, la fauna en vida libre, el cambio climático, la desertificación y sequía, la gestión ambiental, o el manejo de los recursos hídricos, entre otros.